Afirmaba Tocqueville que “casi no hay asunto público que no tenga su origen en un impuesto o que no venga a parar en él”. Y, como tenemos ocasión de comprobar de manera continuada, dentro y fuera de España, no puede decirse que esa máxima dictada, a mediados del siglo XIX, por el autor de “La democracia en América” haya decaído, sino todo lo contrario. Los impuestos implican un trasvase obligado de recursos, formalmente desde los sujetos pasivos en términos jurídicos -en la práctica, con importantes repercusiones para otros “sujetos pasivos económicos”- a las arcas públicas.
Aun sin cuestionar el cumplimiento de las obligaciones ex lege, los destinatarios de las cargas impositivas pueden mostrarse reacios a su aplicación. El posicionamiento de la población va a depender de la percepción personal de cada individuo respecto a su relación contribución-beneficio, así como de la valoración, en términos de eficacia y de eficiencia, del uso de los ingresos recaudados destinados a los programas de gasto público. Para el Estado, los impuestos permiten sustentar sus intervenciones económicas y ampliar su capacidad de influencia. Los partidos políticos, en función de su ideología, se mostrarán más o menos inclinados al establecimiento de impuestos y a la graduación de los tipos de gravamen.
¿Es oportuno llevar a cabo una reducción de las cargas fiscales, o, por el contrario, mantenerlas y potenciar programas de gasto, a través de servicios, inversiones o prestaciones sociales? ¿Es necesario elevar la carga tributaria a fin de mejorar los servicios o las prestaciones sociales, o de ampliar las infraestructuras públicas disponibles? ¿Podrían, alternativamente, afrontarse tales actuaciones de gasto público sin elevar la presión fiscal, a partir de una revisión de los gastos y la aplicación estricta del criterio de eficiencia?
Estas y otras cuestiones similares están en el centro del debate político y social. Tales cuestiones suelen abordarse de forma aislada y desconectada del marco que abarca el conjunto de los ingresos y los gastos públicos. A fin de responder, mediante una aproximación sistemática, a la pregunta de si es suficiente el nivel actual de gasto público, habría que seguir la siguiente secuencia: i) ¿cuáles con las necesidades existentes?; ii) ¿cuáles son los objetivos en términos de asignación de bienes y servicios, y de distribución de la renta, contando con un nivel adecuado de eficiencia del gasto?; iii) ¿qué recursos hay disponibles, a partir de un esfuerzo tributario asumible, en un marco de estabilidad presupuestaria y financiera?
Una de las controversias más habituales se centra en la disyuntiva entre aplicar una rebaja impositiva, y mantener la normativa fiscal dedicando los recursos asociados a la no rebaja a un programa de inversiones públicas. Dejando al margen las posiciones ideológicas sobre el papel del sector público en la economía, habría que proceder a una evaluación “técnica” de las dos opciones.
Respecto a la primera, la de rebaja impositiva, habría que estimar los posibles efectos económicos: a) reacción de los agentes económicos a una menor carga fiscal, que va a depender de la elasticidad de la renta de los factores respecto a su retribución neta; b) destino económico (ahorro, consumo o inversión) de los recursos allegados al sector privado; c) repercusiones tributarias de los efectos de segunda y sucesivas rondas; d) costes ligados a la no realización de proyectos de inversión que fuesen necesarios.
Por lo que concierne a la segunda, la de realización de inversiones, habría que tener en cuenta los siguientes aspectos: a) efectos diferenciales sobre el PIB por la mayor carga tributaria en comparación con la opción anterior; b) efectos directos e inducidos de las inversiones realizadas; c) valoración de la financiación mediante impuestos o mediante deuda, teniendo presente el disfrute de los beneficios futuros; d) consideración de los costes de mantenimiento y, en su caso, de los tributos o cargas asimilables recurrentes.
En definitiva, con carácter previo a la adopción de las posibles medidas, sería preciso estimar y comparar las consecuencias de los cursos de acción alternativos. No parece oportuno efectuar pronunciamientos apriorísticos sin conocer diversos aspectos relevantes, tales como el nivel de la fiscalidad, la carga real soportada por los contribuyentes efectivos, las necesidades de gasto público o la eficiencia de este. Lo que sí resulta razonable es que, en el marco de un sector público multijurisdiccional, todos los ciudadanos, a igualdad de esfuerzo fiscal en los distintos territorios, disfruten de un nivel mínimo de servicios públicos y que, por encima de este, los gobiernos territoriales dispongan de alguna capacidad para ofertar distintas combinaciones de cargas fiscales y servicios públicos, bajo los principios de eficiencia, transparencia, autonomía, responsabilidad y rendición de cuentas.
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