La actividad económica del Sector Público se fundamenta en tres pilares. En primer lugar, el Estado se encarga de la asignación eficiente de los recursos disponibles en la economía (a nivel teórico diríamos que se ocupa de los denominados fallos de mercado). Es decir, crean los bienes y servicios necesarios para la sociedad que el sistema de oferta y demanda por sí mismo no es capaz de generar.
El segundo pilar lo compone la redistribución de la riqueza. En este sentido, se utilizan diversos mecanismos para volcar recursos hacia los menos favorecidos. Y, el tercer pilar cumple con la denominada función estabilizadora, que comprende al conjunto de decisiones discrecionales destinadas a suavizar los vaivenes del ciclo económico en las economías, principalmente sobre el nivel de desempleo y la inflación.
Al conjunto de decisiones, tanto en las fuentes de ingresos como en las decisiones de gasto que toma un gobierno para cumplir su función estabilizadora, se denomina política fiscal.
De nuevo la teoría nos dice que esta puede ser de diversas formas. Si es expansiva, trataría de contrarrestar periodos en los que el ciclo económico decae, por lo que requiere un mayor esfuerzo por la parte del gasto, provocando un desequilibrio respecto a los ingresos y creando déficit. Por el contrario, la política puede ser restrictiva, coincidiendo con momentos alcistas del ciclo e intentando calmar un crecimiento excesivo que suponga un aumento en los precios. Así, la combinación de un gasto púbico menor (o no tan necesario) junto a un aumento en los ingresos ligado al crecimiento supondrían una situación de superávit presupuestario.
A grandes rasgos, este sería el funcionamiento que nos enseña la teoría económica. En la práctica, sin embargo, existen multitud de variables a tener en cuenta que intervienen en esta toma de decisiones. Por ejemplo, la existencia de diferentes niveles de gobierno (Central, Comunidades Autónomas, Entidades Locales) con sus respectivos presupuestos y políticas públicas o la pertenencia a la Unión Europea, siendo ésta última de gran importancia ya que establece el ecosistema económico y financiero de convivencia entre países miembros.
Si bien cada país dispone de plena facultad de decisión en cuanto a cómo gestionar sus presupuestos, la política fiscal de cada uno de ellos está supeditada al cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
En este contexto, pertenecer a este club requiere del cumplimiento de las siguientes medidas: 1) No superar un déficit público superior al 3% del PIB nacional y 2) mantener la deuda pública por debajo del 60% del PIB. Si bien en el pasado se han extralimitado estos límites con creces, siguen siendo las reglas estándar que indican la sostenibilidad de las cuentas públicas y por las que se rige la Comisión Europea1.
En caso de incumplimiento, se activa un mecanismo denominado “Procedimiento por Déficit Excesivo”, en el que se puede pasar de orientaciones técnicas para recuperar una senda sostenible a procesos más dolorosos en los que se imponen planes de ajuste y consolidación fiscal con su consecuente impacto en el bienestar social.
La Comisión Europea ha anunciado el final de las medidas de relajación fiscal permitidas a los estados miembro para finales de este año 2023. Con este comunicado, la Comisión plantea volver a las exigencias de control de déficit y deuda pública previos a la pandemia del COVID-19.
Las nuevas directrices incluyen, por una parte, desactivar la cláusula de salvaguardia por la que se permite la desviación presupuestaria en periodos de crisis o recesión sin el consecuente procedimiento por déficit excesivo. Y, por otra parte, se insta a los gobiernos a recuperar una senda sostenible en sus finanzas públicas, recuperando las cifras antes mencionadas de déficit y deuda próximas al 3% y al 60% de su PIB, respectivamente.
Es, sin duda, un aviso en toda regla a los países miembro del regreso a los planes de ajuste y consolidación fiscal donde se mirarán con lupa las desviaciones presupuestarias que pongan en riesgo la estabilidad de las cuentas públicas y sus posibles efectos sobre el crecimiento económico.
Si nos ceñimos al ámbito español, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)2 cifra el déficit público del conjunto de las Administraciones Públicas para el ejercicio 2022 en un 4,5% del PIB, mientras que la deuda se sitúa en torno al 115% del PIB, según el Banco de España. No cabe duda de que el principal reto viene del más que excesivo endeudamiento que sobrepasa con creces el estándar requerido por Europa y que necesitará de planes de ajuste a largo plazo creíbles para recuperar un nivel que se pueda considerar aceptable.
La receta no está clara en ningún caso, mas si cabe el contexto actual con la guerra Rusia-Ucrania y la consecuente crisis energética, un Banco Central Europeo centrado en la subida de tipos para controlar la inflación en la Zona Euro o la reciente caída del Silicon Valley Bank, cuyas consecuencias sobre el sistema financiero aun desconocemos pero traen viejos fantasmas a la memoria.
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[1] Actualmente se está debatiendo la idoneidad de estas cifras y su aplicación generalizada a todos los países miembro, que datan de los orígenes del pacto.
[2] La AIReF es la institución pública encargada de velar por la sostenibilidad de las cuentas de las Administraciones Públicas a través del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
