De entrada, puede causar sorpresa el enlace entre la educación financiera y las dimensiones medioambiental y social que da título a este artículo. Cuando un usuario de servicios financieros se aproxima a una entidad financiera podemos pensar que lo que le interesa tiene más que ver con las tres variables básicas de las finanzas, es decir, con la rentabilidad, el riesgo y la liquidez del servicio que pretende contratar, que con la sociedad o el clima.
Sin embargo, los clientes están cada vez más interesados, como parte de su evaluación de conjunto previa a la toma de la decisión, en saber cómo las entidades identifican y gestionan sus propios impactos de naturaleza no financiera, especialmente en los ámbitos medioambiental y social.
Un cuerpo normativo relativamente reciente de la Unión Europea de 2013, revisado en 2014, como es la Directiva sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad, adaptado en nuestro país en 2017, más tibiamente, y en 2018, con más ambición, obliga a las empresas de mayor tamaño (con más de 500 empleados, 250 desde 2021) a informar públicamente sobre el impacto no financiero de su actividad.
Aunque parezca sorprendente, determinados colectivos, sobre todo los formados por los más jóvenes, sopesan antes de contratar un producto financiero cuál es la contribución del proveedor del servicio a la mejora de la sociedad, a la preservación de la biodiversidad o a la conservación del ecosistema marino, por ejemplo.
Más allá de lo anterior, que se puede identificar claramente con el enfoque de la responsabilidad social corporativa de cada entidad, la lucha contra el cambio climático y el paradigma de la sostenibilidad y de las finanzas sostenibles han contribuido a un reforzamiento de la labor de gestión y de divulgación de las entidades, para procurar una mejor respuesta a las expectativas de los clientes.
Por ejemplo, según Inverco, el 47% de los ahorradores estaría dispuesto a invertir en fondos de inversión con vocación ambiental, social y de gobernanza (ASG) solo si la rentabilidad fuera igual o superior a la de los fondos ordinarios, pero, por el contrario, un 12% estaría dispuesto a hacerlo “incluso aunque la rentabilidad fuera inferior a la de los fondos que no siguen estos criterios”, lo que confirma cómo algunos estarían dispuestos a sacrificar rentabilidad a cambio de una repercusión social o medioambiental positiva.
Si, en un principio, para un cliente podía ser suficiente con saber que una determinada entidad destinaría ciertos recursos financieros, materiales o humanos a la reforestación de bosques o a un proyecto de apoyo a un grupo social vulnerable, el enfoque de las finanzas sostenibles, que no es modo alguno incompatible con el anterior, trataría de vincular las expectativas de los usuarios con una medición precisa de cómo impacta un producto financiero en las áreas medioambiental o social.
Este es el caso de los productos financieros sostenibles, que se vienen ofertando desde hace años por las entidades financieras, aunque atendiendo, tan solo, a metodologías propias, no siempre consistentes y raramente comparables con las empleadas por otras entidades competidoras.
Este terreno es propicio, si no se establecen estándares comunes para todas las entidades, para la eventual asignación de atributos sostenibles a productos financieros que quizás no lo sean tanto, práctica que se conoce, según el Gobernador del Banco de España, como “ecopostureo”.
Sin duda, la aprobación de un sistema de clasificación por parte de la Unión Europea a mediados de 2020, no completado todavía en sus detalles, será un elemento positivo para que los usuarios puedan conocer cuándo una actividad económica vinculada con una inversión o un producto financiero es medioambientalmente sostenible. Debemos aclarar que la determinación contrastada de la vocación social de una inversión o de un producto queda al margen de este sistema de clasificación, aunque es previsible que un sistema ad hoc para evaluar lo social se desarrolle más adelante.
Por lo tanto, en otro ejemplo de cómo la educación financiera sigue ampliando sus fronteras, y, por lo tanto, las competencias manejadas por los ciudadanos también deben ensancharse para dar cabida a nuevos conocimientos, aquellos deberán manejar una nueva serie de ítems de índole no financiera para evaluar de manera responsable los pros y los contras de la contratación de los productos sostenibles.
Así, a estos efectos será necesario el manejo de determinadas competencias no financieras relacionadas con la sostenibilidad, que, de algún modo, deberían encontrar acomodo en los programas de educación financiera, como son, por ejemplo, las siguientes:
- Alcance de los factores ASG.
- Agenda 2030 de las Naciones Unidas y Objetivos de Desarrollo Sostenible (en esta categoría quedarían incluidos la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y los principios del Pacto Mundial).
- Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
- Economía circular.
- Objetivos generales de la Unión Europea incluidos en el “Pacto Verde Europeo”, concretados, en lo que afecta al sector financiero, en el Plan de Acción de la Comisión Europea para financiar el desarrollo sostenible.
- Sistema para la clasificación de actividades y productos financieros sostenibles.
- Etiquetado de productos sostenibles.
Uno de los documentos de referencia que hemos enumerado es el Plan de Acción de la Comisión Europea, que, actualmente, se encuentra en fase de revisión para su actualización. No parece que sea casual que en el documento de consulta de la Comisión lanzado a comienzos de 2020 se plantee abiertamente, entre otras muchas cuestiones, cuál debería ser la relación entre las áreas de la educación financiera y de la sostenibilidad.
En especial, se somete a la consideración de las personas y de las instituciones interesadas en la revisión del Plan de Acción, cuáles de las siguientes iniciativas deberían ser prioritarias:
- Integración de la educación financiera sobre sostenibilidad en los requerimientos de formación de los profesionales de las finanzas.
- Impartición de formación sobre finanzas sostenibles en las escuelas, en el marco más amplio de la sensibilización sobre el cambio climático y la sostenibilidad.
- Al margen de la escuela, impartición de formación a los ciudadanos sobre la reducción de su huella ambiental y la toma de decisiones de inversión.
- Reforzamiento de los programas de educación financiera ya implantados en beneficio de la ciudadanía.
- Reforzamiento de los programas de protección de consumidores e inversores, y de los ciudadanos como integrantes activos de sus comunidades.
- Promoción de la inclusión de la sostenibilidad y las finanzas sostenibles en el currículo de los estudiantes, particularmente de los futuros profesionales de las finanzas.
En esta nueva relación de la educación financiera con las finanzas sostenibles, que ha venido para quedarse y para seguir creciendo en los próximos años, mucho nos tememos que no será posible priorizar iniciativas, y que todas estas acciones, junto con otras, tendrán que ser abordadas de forma simultánea, pues, de lo contrario, los ambiciosos objetivos asumidos por las instituciones públicas no podrán cumplirse en el medio plazo, en un contexto de degradación acelerada del entorno natural que nos rodea y del que nos nutrimos.
