Artículo publicado en el Diario Sur con fecha 15/03/2021.
Una criptomoneda (o moneda virtual) es un activo digital que utiliza la criptografía como medida de seguridad, lo que dificulta, o más bien prácticamente imposibilita, que se pueda falsificar, ya que se necesita una capacidad computacional muy potente para acceder a la “traducción” de este lenguaje, que se encuentra en constante cambio.
Otra de sus características es la existencia de una red descentralizada basada en la tecnología de la cadena de bloques (“blockchain”) para distribuir la información. Por lo tanto, no existe un emisor central como sucede en Europa con el BCE o en Estados Unidos con la Reserva Federal respecto del euro o el dólar, en cada caso.
El “mercado de criptomonedas” está compuesto actualmente por cerca de 9.000 propuestas diferentes, con una “capitalización” que supera 1,5 billones de dólares. La más importante es Bitcoin, que aglutina más del 60 % de este mercado. Estos datos no solo han atraído a algunos particulares, sino también a empresas de mayor tamaño que han adquirido criptomonedas recientemente, ocasionando un repunte significativo de su valor.
No hay inconveniente en que una moneda virtual pueda emerger como nuevo medio de pago, a pesar de las oscilaciones de su “valor”, siempre que los participantes en los intercambios económicos acepten este medio de pago de forma no unánime pero sí generalizada respecto de bienes o servicios concretos.
En general, se puede decir que las monedas virtuales no tienen un valor intrínseco, pero están naciendo algunas que sí, como las llamadas “monedas estables” (“stablecoins”) que son aquellas que tienen su valor respaldado por una divisa, activos denominados en una divisa o una combinación de ambos.
Las criptomonedas permiten realizar pagos directos entre los usuarios sin la necesidad de un intermediario, lo que reduce los costes y aumenta la velocidad de las transacciones; no obstante, esta reducción de precios y la realización de pagos instantáneos ya está a disposición de los usuarios a través del sistema financiero tradicional.
Por otro lado, el anonimato es algo que defienden los usuarios de las criptomonedas, pero este atributo de las transacciones ha propiciado el uso de aquéllas para la realización de actividades ilegales como el blanqueo de capitales o la evasión de impuestos, por lo que estaríamos hablando, más bien, de una desventaja que de una ventaja efectiva.
Debido a que el “valor” de las monedas digitales está basado en la oferta y la demanda, la “tasa de cambio” por la cual se puede intercambiar una criptomoneda por una divisa puede variar sustancialmente, entre otras razones, por la escasez que representan, inherente a algunas criptomonedas, como Bitcoin, que ha establecido expresamente una limitación a las unidades en circulación. Las fuertes oscilaciones de su valor dificultan su uso como medio de pago y las aproxima a los activos que sirven para canalizar la inversión.
En los últimos años se han emitido decenas de informes sobre las monedas virtuales por los bancos centrales y otras autoridades, sobre todo para advertir de determinados riesgos. Por ejemplo, según un comunicado conjunto publicado el 9 de febrero de este mismo año por el Banco de España y la CNMV, las criptomonedas no están consideradas como medio de pago, no cuentan con un respaldo de un banco central o autoridad pública y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores, lo que evidencia que antes de adquirir monedas virtuales o invertir en ellas, se deben ponderar cuidadosamente los riesgos asumidos.
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