En una entrada anterior tuvimos la oportunidad de conocer la importancia que posee la Responsabilidad Fiscal Corporativa (RFC) y su vinculación con la ética y la sostenibilidad en su aspecto social. En la entrada actual, evaluaremos si realmente los inversores, concretamente aquellos que apuestan por una inversión socialmente responsable, valoran la RFC de una entidad a la hora de tomar sus decisiones de inversión. Para ello, realizaremos un breve recorrido transitando por los orígenes, importancia e implicación como criterio de inversión de la RFC.
El creciente interés de los inversores por conocer cómo las empresas abordan los asuntos tributarios es ya una realidad. Concretamente, un hito que marcó el camino hacia este nuevo escenario fue los conocidos Principios de Inversión Responsables (PRI) creados en 2006; se trata de unos principios de voluntario seguimiento respaldados por Naciones Unidas y elaborados por un grupo de profesionales de la inversión, con el objetivo de conocer el impacto que las cuestiones Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo (ASG) tienen sobre las inversiones, así como de ayudar a los signatarios a tomar mejores decisiones de inversión para conseguir un sistema financiero global más sostenible.
No fue hasta 2014, sin embargo, cuando el interés del mundo inversor se enfocó en la RFC.
En una reunión llevada a cabo por un número reducido de inversores de Reino Unido, para realizar una investigación y establecer un diálogo con las empresas sobre el tema reseñado, marcó el camino hacia un nuevo reto: valorar las inversiones empresariales desde un punto de vista fiscal.
Como consecuencia, desde 2015, los PRI y los inversores han trabajado para indagar sobre la responsabilidad tributaria corporativa, dando respuesta a las peticiones de lossignatarios de estos principios. De esta forma, se ideó la Guía para orientar el compromiso del PRI con la RFC con el propósito de promover dicha responsabilidad en las empresas.
En 2017 se completó la mencionada guía con un conjunto de recomendaciones sobre la política fiscal, de gobernanza y gestión del riesgo, elaboradas por inversores con la finalidad de reforzar la correcta declaración del Impuesto sobre Sociedades (IS) por parte de las entidades, así como para la divulgación de información al respecto. Para tal fin, la transparencia, el diálogo y la colaboración entre empresas e inversores resulta fundamental.
Centrándonos en los motivos que hacen que la RSC sea cada vez más valorada por el mundo inversor, estos se pueden dividir en dos bloques: por un lado, los motivos generales referidos a los avances regulatorios en materia tributaria y, por otro, los avances específicos, con mayor vinculación con la posición inversora.
Respecto a las razones generales, destacan los esfuerzos que, tanto a nivel nacional como internacional, se están realizando para impulsar la equidad en el pago de impuestos y frenar cualquier tipo de actividad tributaria fraudulenta1, haciendo ver a los inversores preocupados por la fiscalidad corporativa que no están solos en su intento de fomentar un comportamiento empresarial responsable. La fiscalidad, no lo olvidemos, es una cuestión que nos afecta a todos, dado que el incumplimiento en dicho ámbito por unos pocos tiene consecuencias en el conjunto de la sociedad, repercutiendo directamente en detrimento de los servicios públicos.
Por lo que respecta a los motivos más específicos, desde el punto de vista del inversor, entre las causas que despierta su interés por impulsar la responsabilidad en las corporaciones, se señalan la importancia de una visión largoplacista que refuerce el funcionamiento y la rentabilidad empresarial, la creciente transcendencia financiera de los criterios ASG, la comprensión de que la inversión responsable es la mejor opción para sus necesidades y las de su entorno, así como la conciencia ética, entre otros.
Todo ello muestra la relevancia de los criterios fiscales a la hora de invertir. La mayor conciencia de los inversores sobre los riesgos que generan prácticas tributarias agresivas y su repercusión en el valor de sus inversiones a medio y largo plazo, junto con la posible responsabilidad moral que se deriva de la inversión en empresas que evitan sus responsabilidades tributarias y que provoca que se deban enfrentar a presiones para corregir dichas prácticas fraudulentas, hacen que la RFC sea un aspecto más a considerar.
Finalmente, y valorando las implicaciones del hecho de que los inversores tengan presente la fiscalidad en sus decisiones de inversión, cabe destacar que lo que pretenden es favorecer el desarrollo de empresas que contribuyan de forma positiva con el sistema financiero, cumpliendo adecuadamente la regulación y creando valor en su entorno y en la sociedad mediante su colaboración con el Estado del Bienestar.
Con ello, las claves para el impulso que desde el mundo inversor se ofrecen a estos criterios, pasa por la mejora de las empresas en términos de transparencia y contribución fiscal, así como por el interés creciente por una justicia fiscal.
En dicho escenario, los inversores se han preocupado por fomentar una mayor transparencia en materia tributaria ante las dificultades para comprender las prácticas corporativas en estos asuntos, así como los riesgos fiscales que se deben tener en cuenta en la toma de decisiones. De esta forma, el reto pasa por conseguir una información fiscal corporativa homogénea, comparable y verificable.
En definitiva, en un entorno empresarial cada vez más dinámico y complejo, aquellos inversores comprometidos con la realización de inversiones responsables que fomenten las buenas prácticas empresariales llevarán a cabo un análisis de riesgos y oportunidades, en términos de rentabilidad económica y de beneficios medioambientales, sociales, de gobierno corporativo, y, cada vez con mayor interés, en términos de cumplimiento fiscal corporativo.
Por ello, el compromiso desde el mundo inversor por seguir avanzando en la incorporación de la fiscalidad como uno de los criterios a tener en cuenta en el momento de realizar inversiones se hace patente, en la medida en la que se ha demostrado que los inversores con una perspectiva social prefieren apostar por empresas que no eludan impuestos.
Sin embargo, en el camino para valorar la fiscalidad como un criterio de inversión, se presenta el desafío de cerrar la brecha existente entre el grado de divulgación fiscal corporativa actual y el deseado por las diversas partes, lo que se ha denominado un problema de transparencia fiscal corporativa. Si bien, ante dicha dificultad, la estrategia de engagement2 se configura como una potencial alternativa para resolver dicho inconveniente.
Debemos tener presente, que la fiscalidad tiene implicaciones colectivas a la vez que individuales, que afectan a la sociedad en su conjunto.
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[1] Para más información, visitar: La fiscalidad corporativa desde el punto de vista ético y sostenible – Edufinet
[2] Se trata de una de las estrategias más novedosas mediante la cual se desarrolla un diálogo activo de los inversores con el equipo directivo de las empresas, a través de su participación en la toma de decisiones y el ejercicio del derecho a voto, con el objetivo de mejorar la estrategia y rendimiento de la organización mediante una comunicación efectiva.
