Hace ya más de cuarenta años que España cuenta con un sistema de seguros agrario, que permite una adecuada gestión de los riesgos de esta naturaleza; este sistema ha sido apoyado anualmente, de manera ininterrumpida, incluso en épocas de crisis, con cargo a los presupuestos públicos.
Se trata de un sistema público-privado, de gestión de riesgos y garantía de rentas, donde participan organismos adheridos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Ministerio de Economía y Empresa, las Comunidades Autónomas, las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agroalimentarias, así como la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (AGROSEGURO), que aglutina a determinadas aseguradoras privadas.
Las principales funciones de cada uno de estos integrantes se pueden resumir del siguiente modo:
- Enesa: aparte de gestionar el presupuesto asignado para sustentar las subvenciones estatales, establece las condiciones técnicas de cultivo, rendimientos asegurables, precios y fechas de suscripción de cada línea de seguro.
- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: le corresponde supervisar los contratos de seguro, definir criterios para la distribución de las subvenciones y establecer las normas de peritación de siniestros.
- Consorcio de Compensación de Seguros: actúa como reasegurador del sistema y controlando las peritaciones de los siniestros.
- Organizaciones Agrarias: participan en la Comisión General y Territorial manifestando las demandas y necesidades del sector productor.
- Entidades Aseguradoras: asumen el riesgo a través de los contratos de seguro en proporción al porcentaje de participación que tengan en el capital social de Agroseguro. Actualmente forman parte del “pool” coasegurador 27 entidades.
- Agroseguro: le corresponde, principalmente, la gestión de los seguros agrarios. Controla las declaraciones de seguros, la emisión de recibos y su gestión de cobro, la recepción de las declaraciones de siniestro, los trámites de peritación, valoración y pago de siniestros por cuenta de las Coaseguradoras.
En 2018, el importe total de pólizas de seguro contratadas alcanzó los 754,24 millones de euros, y se registró la mayor cifra en la historia de valor de la producción asegurada, con más de 14.000 millones de euros. Se aseguraron 5,52 millones de hectáreas y se registraron siniestros por 755 millones de euros.
El Estado destina anualmente una partida presupuestaria para subvencionar parte de las primas de las pólizas de los seguros agrarios; este apoyo para 2019 es de 211,27 millones de euros, que se gestionan por parte del Ministerio de Agricultura a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), que concede las subvenciones directamente a los agricultores en forma de descuento directo sobre el coste del seguro, siempre y cuando éstos figuren en la Base de Datos para el Control Integral de Acceso a Subvenciones (CIAS) como subvencionables por no tener deudas con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria u otras Administraciones. Esta subvención estatal puede ser complementada con otra aportada por las Comunidades Autónomas dentro de los límites permitidos por la Unión Europea.
Es posible fraccionar el coste de la póliza gracias al acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), a través del cual ésta presta el aval necesario para su materialización.
Anualmente, se desarrollan y definen planes con los que se garantizan las producciones agrícolas y ganaderas frente a adversidades y daños naturales, fenómenos climáticos, enfermedades, plagas, destrucción de ganado muerto en las explotaciones, etc. Prácticamente, es posible asegurar cualquier tipo de producción agrícola, forestal, ganadera y acuícola.
Es una herramienta a disposición del sector agrario español que, con sus virtudes y sus defectos, conforma un sistema de gestión de riesgos “muy envidiado” por muchos productores de países de nuestro entorno. Ha avanzado y mejorado notablemente desde su creación y debe seguir haciéndolo, en colaboración con los principales agentes implicados, agricultores y ganaderos, que son los grandes conocedores de los riesgos y las circunstancias que les afectan, o les puedan afectar, y provocar una merma en sus rentas por hechos imprevisibles e incontrolables.
Para su mantenimiento y sostenibilidad, todos los agentes implicados ser conscientes de su necesidad. Los agricultores y ganaderos deben creer en el sistema establecido y en la conveniencia de disponer de una herramienta de gestión del riesgo ante adversidades diversas, la Administración en la necesidad de mantener el sistema que garantice la renta a los agricultores y ganaderos ante las inclemencias climatológicas y las dificultades provocadas por el cambio climático, y las demás entidades que colaboran deben mostrar su compromiso con las necesidades reales del propio sector.
