La misión esencial del Banco Central Europeo (BCE) es garantizar la estabilidad de precios en la Eurozona. Desde un inicio, ese objetivo se expresó en términos cuantitativos como una variación interanual del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) en el área del euro por debajo del 2%. Posteriormente, desde 2003 la guía ha sido “mantener las tasas de inflación por debajo, pero cercanas, del 2%, en el medio plazo”.
Sin embargo, en los últimos cinco años, pese a la amplia batería de medidas de expansión monetaria, la tasa de inflación ha promediado sólo el 1%. En la nueva etapa abierta tras la finalización del mandato de Mario Draghi como presidente, el BCE se está planteando revisar sus políticas o bien su objetivo de inflación. En este marco, la primera cuestión que se suscita es si los indicadores oficiales reflejan adecuadamente la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo.
A este respecto hay que partir de una constatación bastante notoria: es cierto que el IPCA refleja unas tasas muy modestas de variación de los precios relativos al consumo, pero no es ésa la situación percibida por los ciudadanos, que consideran que las tasas reales son mucho más elevadas. Así, un estudio del propio BCE ha puesto de manifiesto la gran divergencia entre las percepciones sociales de la inflación y la medición oficial de ésta1.
Concretamente, para el período comprendido entre enero de 2004 y julio de 2015, las primeras cifraban la inflación en una tasa anual promedio del 9,5%, frente al 1,8% derivado del IPCA. Una diferencia nada menos que de 7,7 puntos porcentuales. Dicho de otra forma, el público estimaba una tasa de inflación equivalente a 5,3 veces la oficial. A mayor abundamiento, si nos regimos por la cifra del IPCA, una cesta de la compra que valía 100 euros a inicios del año 2004 valdría 124 euros a finales de 2015; en cambio, según las percepciones sociales, su precio en este último año alcanzaría los 307 euros.
La brecha señalada es especialmente significativa en algunos países, entre ellos España, con datos del 14,2% y 2,2%, respectivamente. La diferencia es, pues, mayúscula: la estimación oficial llevaría a un precio de 130 euros en 2015 para los 100 euros de comienzos de 2004, frente a 492 según la noción del público.
¿Qué datos considera que son más fiables? ¿Tienen sentido semejantes diferencias? ¿Qué factores pueden estar detrás de las mismas? ¿Puede tener algún protagonismo la psicología económica? ¿Pueden existir problemas de falta de representatividad del IPCA? ¿Puede adolecer éste de alguna deficiencia en su cómputo y/o en su medición?
Son, sin duda, muchas las cuestiones de interés que se suscitan en torno a una cuestión tan importante como lo es la cuantificación de la evolución de los precios al consumo. En este contexto es llamativo que el IPCA no recoja la evolución del coste de adquisición y mantenimiento de la vivienda propia, a pesar de ser una rúbrica de gasto tan significativa. Se trata de un punto actualmente en estudio por el BCE, que podría recomendar adoptar las pautas seguidas en otros países como Estados Unidos, Japón y Suiza. Actualmente, la inclusión de dichos costes implicaría aumentar el índice de precios en 0,2 o 0,3 puntos porcentuales, si bien en otros momentos podría incidir en sentido contrario 2.
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[1] R. Arioli et al., “EU consumer’s quantitative inflation perceptions and expectations: an evaluation”, BCE, Ocassional Papers Series, nº 186, 2017.
[2] Vid. Martin Arnold, “ECB urged to give more weight to housing in inflation fight”, Financial Times, 2 de febrero de 2020.
